El gobierno de las Islas Baleares planea legalizar las construcciones ilegales con carácter retroactivo. Se está preparando un nuevo proyecto de ley en el que se expondrán las formas y los medios para llevarlo a cabo. Está previsto que la ley entre en vigor en primavera o verano de este año.
La situación inicial es bien conocida: En Baleares hay numerosas viviendas construidas ilegalmente. Se construyeron sin licencia o se realizaron ampliaciones y transformaciones sin la autorización pertinente. Muchas de estas propiedades están ahora protegidas, lo que significa que ya no corren el riesgo de ser demolidas o multadas porque las autoridades no hayan emprendido acciones legales en un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, la protección no las convierte en legales. No se les puede conceder una nueva licencia de vivienda y no se pueden renovar. Las autorizaciones para transformaciones o ampliaciones sólo pueden concederse si antes se ha demolido la parte ilegal del edificio. La venta de casas ilegales o catalogadas también es problemática, a menos que el propietario esté dispuesto a aceptar rebajas considerables en el precio. Este problema se pretende solucionar con la nueva ley.
El Gobierno balear liderado por el PP ya había aprobado una ley de amnistía en 2014, pero fue anulada por el posterior Gobierno de izquierdas al poco tiempo. La ley prevista podría ser una continuación de esta, aunque aún se desconocen los detalles exactos. Es posible que haya que presentar los planes de inventario actuales para su legalización y que se exijan "multas coercitivas". La nueva ley también podría incluir requisitos adicionales para mejorar la eficiencia energética e instalar tuberías para reducir el consumo de agua, lo que podría no gustar a algunos.
Sin embargo, la legalización ofrece la oportunidad de obtener una nueva cédula de habitabilidad, solicitar permisos para obras de reforma y vender la vivienda sin que pierda valor.
Tan pronto como se conozcan los detalles de la ley prevista, ofreceremos más información aquí.
Los planes de inventario actuales podrían tener que presentarse para su legalización y podrían exigirse "multas coercitivas".