En cualquier caso, parece que hay planes. Cada vez es más evidente que el gobierno balear no sólo está planeando una amnistía para las construcciones ilegales, sino que también quiere cambiar fundamentalmente la ley de construcción en las Islas Baleares, y en particular en la isla más grande, Mallorca. Bajo el liderazgo de Marga Prohens, la Primera Ministra de Baleares, se vislumbra un cambio notable. El gobierno está planeando una revisión exhaustiva para poner al día la anticuada Ley de Urbanismo. En un principio, sólo se habían previsto pequeños ajustes, pero ahora parece que podría introducirse una normativa completamente nueva esta misma primavera, lo que revolucionaría la legislación sobre construcción en las islas.
Un elemento clave de esta reforma es la introducción de permisos de construcción acelerados. Las empresas constructoras seleccionadas tendrán la oportunidad de que las autoridades autoricen los proyectos aprobados en un plazo muy breve. Los costes de estos procedimientos de autorización exprés serán más elevados que los del procedimiento normal, pero deberían ser insignificantes para los inversores. El ambicioso proyecto es una respuesta directa a las quejas de los promotores sobre los largos procedimientos de autorización en algunos municipios de Mallorca, que pueden durar hasta dos años. Municipios enteros se han vuelto poco atractivos para los inversores potenciales como resultado.
Además, el gobierno está planeando una generosa legalización de construcciones ilegales, que probablemente se basará en una ley de 2014 que permite la legalización de construcciones ilegales bajo ciertas condiciones. En la versión revisada, se espera que la atención se centre en edificios más eficientes energéticamente y en el uso de sistemas respetuosos con el medio ambiente.
La ministra presidenta, Marga Prohens, ve en Valencia un modelo a seguir para este ambicioso proyecto. Allí, el procedimiento exprés ha reducido el tiempo de espera para los permisos de construcción de 22 a 2 meses. Pero, por supuesto, también hay detractores del proyecto. Algunos grupos ecologistas de Mallorca se muestran escépticos con la reforma y temen que se puedan descuidar importantes aspectos medioambientales al externalizar el proceso de revisión.